El auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, se pronunció por una reforma constitucional que permita a ese organismo no sólo recomendar sino sancionar a los servidores públicos que incumplan sus funciones.

Aunque reconoció buenos avances en la reforma constitucional, lamentó que en ésta no se previeran responsabilidades a los servidores públicos que incumplan con los objetivos, metas y funciones, lo que impide un avance en la ASF.

Al participar en el IV Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México (OPAM), lamentó que cuando hay incumplimiento todo quede en "una simple recomendación y que no existan responsabilidades".

González Aragón preguntó: ¨Se puede quebrar una empresa pública y entonces no haber responsables, simplemente hay que recomendar?".

En su conferencia "Fortalecimiento de las entidades de fiscalización superior", dijo que esa petición de responsabilidades es específica al desempeño, pues ninguna de las financieras tiene problema para aplicar responsabilidades y sanciones.

Expresó que está a la espera de la fecha para comparecer ante la Cámara de Diputados, pues "sé que se subió a la Comisión Permanente y que se envió a la Tercera Comisión para su consideración correspondiente y ésta acordará si se cita o no a comparecer".

En otro tema, reconoció que en estos tiempos de crisis la sociedad y el gobierno deben impulsar los postulados básicos de la democracia, entre ellos la transparencia y la rendición de cuentas como derechos del ciudadano e imperativos de los servidores públicos.

Un sistema amplio y sólido de rendición de cuentas, expuso, "es batalla que debemos seguir sosteniendo para dar guía y sentido a las acciones de gobierno".

Acompañado por el académico de el Colegio de México, Sergio Aguayo, argumentó que la posibilidad de llamar a cuentas a los gobernantes es una de las condiciones necesarias de la democracia.

Asimismo, exhortó a la sociedad a elegir gobiernos responsables; al Poder Legislativo a dotarlos de sistemas adecuados de rendición de cuentas, y al Estado a hacerlos eficaces y transparentes.

Dejó en claro que la autonomía de los poderes federales ya de los órganos constitucionalmente autónomos no puede corresponder a "paraísos de opacidad" en el desempeño de la función pública.

La transparencia y la rendición de cuentas, insistió, son base del sistema constitucional mexicano y eje del desarrollo democrático; por ello "no es posible aceptar que en esas materias e exista excepción alguna".



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